Como ocurre cada año, Parlamentario le acerca este informe en el que se repasa toda la actividad legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual estuvo fuertemente signada por la disputa sobre los recursos coparticipables y escándalos institucionales.
Anticipándose a lo que será un 2023 signado por las elecciones, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivió un 2022 sumamente intenso, marcado por los fuertes debates y chicanas a raíz de la puja entre el Gobierno Nacional y el local por los recursos coparticipables del distrito capitalino y por los escándalos como Lago Escondido o el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Pese a esta situación, los legisladores locales lograron mantener una actividad parlamentaria que les permitió realizar 17 sesiones ordinarias, cuatro especiales –habían sido convocadas cinco pero una se cayó por falta de quórum- y una extraordinaria. Mientras que el promedio de presentismo fue del 96,33%.
El encargado de abrir el año parlamentario fue el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien se encargó de inaugurar el 2022 con fuertes chicanas contra la gestión de Alberto Fernández por la quita de los recursos coparticipables. “Sabemos que, frente a la quita intempestiva, inconsulta, arbitraria e inconstitucional de los fondos de coparticipación por parte del Gobierno nacional, fondos que destinábamos a la Policía tras hacernos cargo de esta competencia en 2016, muchas personas estuvieron preocupadas respecto a qué iba a pasar con la seguridad en la Ciudad”, expresó y reafirmó “nuestro reclamo ante la Corte Suprema por esta quita inconstitucional que se dio en medio de la pandemia, afectando la autonomía de la Ciudad, sino que también vuelvo a reafirmar nuestro compromiso con la seguridad de la gente”.
Con este ambiente instalado, el Parlamento dio inicio al debate sobre las modificaciones al Estatuto docente, uno de los temas que marcó el ámbito parlamentario y que comenzó a tensar la relación entre el oficialismo y la oposición.
Es así que en el marco de una reunión de la Comisión de Educación en la que estuvo presente la ministra de Educación, Soledad Acuña, desde la izquierda advirtieron que el proyecto en cuestión “discrimina a los docentes que están frente a los cursos, que no recibirán ningún aumento adicional y que deberán resignarse a sus salarios actuales que no cubren siquiera la canasta de pobreza” y el Frente de Todos (FdT) pidió “emprolijar y ver cómo se va a ponderar la formación docente y pedagógica”. No obstante, los diputados del oficialismo insistieron en que se trataba de una mejora sustancial para los trabajadores de la educación.
Los motores legislativos se calientan
En tanto abril arrancó con un fuerte reclamo histórico por parte de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ELA), quienes presentaron ante la Legislatura más de las 40 mil firmas que requiere la Ley de Iniciativa Popular para poner en debate el proyecto de reconocimiento salarial, laboral y profesional de los enfermeros del distrito capitalino. Pese a contar con el apoyo de los sectores de la oposición, finalmente el texto que solicitaba su pase a la carrera profesional de los trabajadores de la salud nunca fue puesto en discusión.
Por otro lado y comenzando a dinamitar la relación entre el oficialismo y la oposición, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) manifestaron su “más profundo repudio” por la decisión del FdT de dividirse en dos bloques en el Senado, ya que consideraron que esta decisión tenía “el único objeto de arrebatarle a la oposición el lugar de segunda minoría y quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura, en una maniobra totalmente antidemocrática”.
