Una gravísima acusación por sueldos de “empleados fantasma” sacude al municipio mientras que la inseguridad no da tregua y la intendenta se enfoca en su nuevo espacio político “Reconquista” de cara a 2027.
Mientras la intendenta Mariel Fernández acelera su construcción política para disputar la Gobernación en 2027, el distrito de Moreno atraviesa una de sus crisis más profundas en materia de seguridad y transparencia administrativa. La jefa comunal, que recientemente lanzó su agrupación “Reconquista“, enfrenta ahora una denuncia por el presunto desvío de fondos públicos para sostener a una familia entera de “ñoquis” que percibiría millones de pesos sin prestar funciones.
La denuncia apunta a la familia Gavilán-Leguizamón, cuyos integrantes cobrarían, en conjunto, cerca de 5 millones de pesos mensuales de las arcas municipales. Según los denunciantes, estos cargos habrían sido otorgados como “pago” por maniobras políticas, incluyendo denuncias falsas contra opositores locales.
“Es la confirmación de lo que venimos diciendo: mientras los vecinos padecen calles intransitables y escuelas destruidas, los recursos de Moreno se destinan a sostener personas que no trabajan“, señalaron fuentes cercanas a la investigación, quienes exigen una auditoría urgente sobre los manejos discrecionales de la Intendencia.
En contraste con la ambición electoral de Fernández, la realidad en los barrios es alarmante. En la última semana, se registraron tres hechos de extrema violencia que exponen la vulnerabilidad de los vecinos. El 26 de marzo, seis delincuentes en tres motos emboscaron a un conductor en la calle Ituzaingó y le robaron su camioneta en apenas 25 segundos.
Por otro lado, en Villa Trujui, un cabo de la Gendarmería tuvo que repeler a los tiros un intento de asalto cuando se dirigía a tomar servicio. El efectivo utilizó su arma reglamentaria para salvar su vida tras ser interceptado por motochorros armados cerca de un supermercado mayorista.
A su vez, el pasado 31 de marzo, una joven identificada como Candela fue perseguida y asaltada por dos delincuentes que le arrebataron la bicicleta con la que se traslada diariamente a su empleo.
Pese a la repetición de estas escenas registradas por cámaras de seguridad, la respuesta municipal brilla por su ausencia. Los vecinos denuncian un “estado de abandono” y critican que la prioridad de la intendenta sea su proyección provincial antes que la protección de quienes habitan el partido de Moreno.