Los ministros bonaerenses, Carlos Bianco y Gabriel Katopodis, salieron con los tapones de punta contra CABA y Nación por dos reclamos claves de la Provincia.
Este lunes, en una nueva conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, volvieron a poner en tensión la relación que mantiene la administración de Axel Kicillof con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la gestión nacional de Javier Milei.
Durante la conferencia, Bianco le respondió a Jorge Macri tras el reclamo que realizó el mandatario porteño por la asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Katopodis reflotó la disputa que abrió Kicillof con la inscripción de AUBASA para concesionar casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la región bonaerense.
Según lo que destacó Bianco, el cálculo presentado por la administración porteña respecto de la asistencia social parte de la base de que unas 1.327 personas asistidas en esos dispositivos serían residentes de la provincia de Buenos Aires, lo que fue calificado por el funcionario como “improcedente”, al sostener que se trata de personas en situación de calle, por lo que carecen justamente de una residencia formal que permita asignarles pertenencia territorial de manera precisa.
En esa línea, el ministro explicó que el monto reclamado por Jorge Macri, cercano a los $27.000 millones, surge de multiplicar esa cantidad de personas por un costo mensual por individuo estimado por la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, insistió en que se trata de una deuda “no reclamable” y sin sustento concreto, tanto por la dificultad metodológica de determinar el origen de esas personas como por la falta de fundamentos sólidos en el planteo.
A su vez, Bianco puso en duda la validez del criterio utilizado para construir ese reclamo y sostuvo que, incluso en el hipotético caso de que tuviera algún grado de veracidad, también debería analizarse el flujo inverso de recursos entre jurisdicciones, al señalar que millones de bonaerenses se trasladan diariamente a la Capital Federal para trabajar y generar valor económico.
“De esa manera, habría que establecer el mismo criterio para los miles de bonaerenses que cada día cruzan la General Paz y que van a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires, que generan valor a los comercios y a las industrias, pagan impuestos y consumen servicios de gastronomía. Habría que aplicar el mismo criterio y que nos devuelvan los miles de ingresos que generan los bonaerenses en la Capital”, lanzó Bianco.
Finalmente, Bianco enmarcó el crecimiento de las personas en situación de calle en un contexto más amplio al afirmar que no sólo es una problemática que excede a la provincia de Buenos Aires, sino que el Gobierno bonaerense “se está haciendo cargo de problemáticas sociales que se agravaron a partir del recorte o la ausencia de políticas nacionales, lo que obliga a las provincias y a los municipios a asumir mayores responsabilidades en sus territorios”.
Por su parte, Katopodis avanzó con las críticas hacia el gobierno de Milei al referirse al proceso de concesión de rutas nacionales que lleva adelante el Ministerio de Economía de la Nación, liderado por Luis Caputo. El titular de la cartera de Infraestructura recordó que la provincia impulsa la participación de AUBASA en el esquema de licitación para disputar la gestión de corredores clave en el territorio bonaerense.
En ese contexto, el ministro provincial anunció que solicitó formalmente la intervención de las Defensorías del Pueblo como veedoras del proceso licitatorio con el objetivo de garantizar “plena transparencia” del mismo. Todo esto luego de que el Gobierno nacional anunciara “cambios sustanciales” en los pliegos para la concesión a pocos días del cierre de ofertas.
Acorde a lo señalado por el funcionario, las modificaciones dispuestas por el Ministerio de Economía “alteraron decenas de artículos y desvirtuaron las condiciones originales de la competencia por la licitación de las rutas nacionales“, lo que abre interrogantes sobre la equidad del proceso y la eventual adjudicación de las concesiones por parte de la administración libertaria.
En ese marco, Katopodis cuestionó el estado de las rutas nacionales y cuestionó la falta de inversión en infraestructura vial por parte del Ejecutivo nacional. Finalmente, advirtió sobre la posibilidad de que el esquema de privatización propuesto por Caputo derive en un modelo con peajes más caros y nuevos puntos de cobro, en contraposición con el funcionamiento de Aubasa, que reinvierte la totalidad de sus ingresos en obras y mantenimiento.