En las provincias están inquietos por el ajuste que volvió a pedir Javier Milei y se acumulan quejas por deudas de obra pública, cajas jubilatorias y el estado de las rutas. El consejo, una cáscara vacía. La ausencia de Jorge Macri en el zoom de ayer
Dos meses después de la creación del Consejo de Mayo, el “órgano colegiado y consultivo” que, según el decreto 617/2024 del 16 de julio debería elaborar proyectos de ley y ejecutar los actos administrativos para la implementación del Pacto de Mayo, aún no se designó a la mayoría de sus integrantes y el Gobierno no avanzó ni siquiera en la confección de un borrador.
“Nadie nombró a ningún representante. Solo el Ejecutivo designó a (Federico) Sturzenegger”, aseguraron a este medio desde la CGT antes de que una docena de sindicalistas viajaran a Roma para entrevistarse con el Papa Francisco para intercambiar opiniones sobre la situación económica. “Nadie nos llamó nunca para una reunión”, abundaron desde la central sindical.
Misma respuesta dieron desde una de las organizaciones principales del empresariado: “Nunca nos convocaron, no se movió más nada”. También contestaron en ese mismo sentido desde el Parlamento y entre los gobernadores. Según el decreto 617, después de la firma de Javier Milei y su hermana Karina y 18 jefes provinciales en la madrugada del 9 de julio, en el Cabildo de Tucumán, del acta de mayo con 10 puntos básicos a los que el presidente convocó en el inicio de sesiones ordinarias como un acto simbólico para generar agenda y negociar con las provincias la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, debían designarse seis consejeros de cada uno de esos sectores “y empezar a funcionar dentro del plazo de 30 días a partir de la publicación” de dicha norma en el Boletín Oficial.
Con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como presidente del consejo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, es decir Sturzenegger, como consejero representante del Ejecutivo “ad honorem” -fue designado, también por decreto, el 8 de agosto pasado-, el Gobierno se distendió de un tema que, en verdad, no despertó nunca demasiado entusiasmo en ninguno de los sectores convocados.
Fuentes oficiales dijeron, por caso, que por ahora solo “están definiendo la conformación”.
Hace poco más de un mes, en uno de los pocos encuentros que los gobernadores de la ex coalición de Juntos por el Cambio mantuvieron con el Ejecutivo, Santiago Caputo, el asesor estrella de la Casa Rosada, planteó que debían avanzar para empezar a discutir las reformas tributaria y laboral, dos de los puntos de los diez incluidos en el acta firmada en la capital tucumana y que además contenía, entre otros, “la apertura comercial internacional”, “la reducción del gasto público” y la “inviolabilidad de la propiedad privada”, todos títulos rimbombantes.
Este miércoles por la mañana funcionarios de nación y de la Ciudad volverán a verse las caras en las oficinas de la Corte Suprema para tratar de saldar la discusión en torno a la modalidad del cumplimiento de la cautelar que el tribunal resolvió en favor de la administración porteña, en diciembre del 2022, por el recorte de la coparticipación de septiembre del 2020.
Con un semestre de demora, Milei cumplió. Pero Macri quiere que Caputo deposite el porcentaje que le corresponde, en torno al 2,95% del total, a través de un goteo diario establecido, como antes. Ahora, nación paga de acuerdo al fallo de la Corte, pero de manera semanal. El primo del ex presidente -no irá el miércoles, tampoco el ministro Caputo- busca que se rubrique un acta que establezca que ese pago no es voluntario. Es decir, que no se puede interrumpir de manera unilateral. El tribunal nunca estableció cómo debía hacerse el pago, y en el Palacio de Talcahuano creen que, al cumplir la cautelar el gobierno, ya no hay mucho más para discutir.