El gremio paralizó todas las líneas por la sanción a un sindicalista. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, impulsó la presentación de una demanda penal. También hubo una acción en el fuero laboral
Este miércoles se vivió una jornada caótica en las líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires ya que los metrodelegados realizaron un paro de forma escalonada para defender al dirigente gremial Claudio Dellecarbonara, sancionado por su comportamiento durante una medida de fuerza en el 2021.
La medida generó controversia, ya que la empresa Emova, concesionaria del servicio, argumentó que la suspensión de Dellecarbonara llegó luego de un largo proceso judicial que avaló la medida disciplinaria. En medio de la discusión quedaron miles de usuarios de ese medio de transporte.
A raíz de esta situación, desde el Gobierno porteño decidieron presentar una denuncia penal este jueves 20 por pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
El reclamo judicial hacia los metrodelegados fue llevado a cabo por el ministro de Seguridad, Waldo Wolff y el de Justicia, Gabino Tapia, quienes realizaron la presentación ante la Justicia de la Ciudad. El objetivo central es que se investiguen posibles delitos o contravenciones durante la medida de fuerza realizada ayer, algo que afectó a miles de pasajeros desde las 17 horas y recibió el rechazado por parte del Gobierno porteño.
La denuncia se presentó contra la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro -metrodelegados- que este miércoles impidieron el servicio de transporte, con paros de dos horas, en forma escalonada, en todas las líneas de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires operadas por la empresa Emova.
Cabe señalar que, desde la empresa operadora del Subte y Premetro, emitieron un mensaje para explicar la situación ante los continuos reclamos: “Este tipo de medidas no son decisión de la compañía y lamentamos que afecte la movilidad de los usuarios en un horario tan sensible”.
Ahora, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le piden al fiscal la correspondiente investigación penal, así como también pretenden que se dispongan todas aquellas medidas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus responsables.