Luego de las fugas de las dependencias de San Telmo y Balvanera en las últimas 24 horas, la Ciudad reclama un traspaso más dinámico de los reos al Servicio Penitenciario Federal

Luego de que se conocieran las fugas de siete presos de la Comisaría Vecinal 1B, ubicada en San Telmo, y la de otros dos reos de la alcaidía de la Comisaría Vecinal 3A del barrio de Balvanera en las últimas 24 horas, CABA reclamó un traspaso más dinámico de los reos al Servicio Penitenciario Federal. Pero, ¿cómo es la situación de las comisarias porteñas?

“La capacidad de alojamiento de detenidos en la Ciudad, entre comisarías y alcaidías, es de 1.041 plazas. Actualmente, hay 2.005 detenidos″, se informó oficialmente desde el ministerio de Seguridad de CABA y dijeron que no tiene agentes del servicio penitenciario para custodiarlos: “Son 1.500 policías destinados al cuidado de los presos, lo que representa casi el 10 por ciento del personal que hay en calle para el cuidado de los vecinos”.

Luego, explicaron que “el 94 por ciento” de los presos están alojados a instancias de “la Justicia Nacional o Federal”. Y agregaron: “Sólo el 6 por ciento (120) corresponden a la Justicia de la Ciudad”. Para luego, destacar: “En estos casos también deberían ser recibidos por el Servicio Penitenciario Federal, en virtud de un acuerdo suscripto en el año 2004 con la Nación”.

La cita viene a colación al reclamo que desde 2020 mantiene la Ciudad con Nación por el traspaso de los presos al SPF. Y, sobre todo, destacan que “más de dos tercios de los detenidos tienen condena o prisión preventiva dictada”, por lo que no deberían estar en una comisaría.

En el marco del reclamo al SPF, la Ciudad aportó cifras para marcar la diferencia con el corte que se aplicó desde 2020 cuando la por entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal María Laura Garrigós dejó de recibir en las cárceles detenidos del ámbito de CABA.

Así, enumeraron que “el SPF recibió 17.471 en 2019; 6.134 en 2020; 3.475 en 2021; 3.761 en 2022; más de 3.500 en 2023; y 1.161 en lo que va del año”.

En ese sentido, desde CABA remarcaron que, ante la negativa de la gestión de Alberto Fernández a recibir detenidos porteños, la Justicia decidió en 2020 la conformación de una ‘Mesa’ “integrada por el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, el SPF y la Policía de la Ciudad”. ¿Los objetivos? Explicaron que eran dos: “Por un lado, desalojar de las Comisarías de la Ciudad a las personas detenidas en cualquier situación; y, por el otro, que la detención en las Alcaidías se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva”.

En ese marco, según recuerdan desde la gestión de Jorge Macri, “se estableció que el SPF recibiría 90 detenidos de la Ciudad por semana”. Y subrayaron que “nunca fue cumplido” y que “la gestión de Fernández sólo recibía, en forma intermitente, entre 60 y 70 detenidos por semana”.

Ahora, desde el desembarco de la gestión de Javier Milei y con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad nacional, “se comenzó a cumplir con ese cupo de 90 traslados por semana”. Pero hay un inconveniente: “Es el SPF el que decide qué características deben tener los detenidos a ser trasladados, y no siempre se llega a los 90″; y que la nueva gestión porteña “intensificó los arrestos, lo que agrava el problema”.

Para hacer más gráfico la situación, desde la Ciudad informaron que “el 20 de marzo de 2020 había 61 detenidos en las alcaidías y ninguno en las comisarías” y que, actualmente, la cifra asciende a 2005.

Además, señalaron que las alcaidías fueron pensadas “como lugares de tránsito con un período máximo de permanencia de 48 horas” y que allí “había 145 plazas”. Y añadieron: “Hoy, entre alcaidías y comisarías hay 1.041 plazas”.

“Ante el traslado de ciertas competencias y, cuando aún no existía la Policía de la Ciudad, la Nación y la Ciudad firmaron un Convenio de Cooperación en junio del 2004 por el cual el Sistema Penitenciario Federal se haría cargo del servicio de tratamiento de condenados y de guarda, custodia y traslado de procesados, cuyo juzgamiento esté a cargo de la justicia con competencia penal de la Ciudad. También que deben otorgarse las plazas necesarias para ello, que se generen a partir de imputados por delitos transferidos a la jurisdicción local”, concluyeron.

En el presente, con la creación de la Policía de la Ciudad y de otros delitos transferidos, sigue vigente el Convenio del 2004. “Pese a los planteos judiciales realizados desde la Ciudad y a los fallos que obligan a resolver el problema, en la gestión de Alberto Fernández no se cambió esta política de puertas cerradas e ignoró las decisiones de la Justicia, generando graves problemas como la superpoblación de detenidos en alcaidías y comisarías porteñas, la afectación de los derechos humanos de los detenidos, y el redespliegue de personal policial que debería estar patrullando las calles para el cuidado de los detenidos”, finalizaron.