Los beneficiarios del fallo contra el país por la versión en euros del bono que ajustaba en función del crecimiento buscan vías de embargo para cobrar.
La Justicia británica presiona a la Argentina para que pague la sentencia por US$1500 millones en la causa conocida como Cupón PBI en euros. Es el caso que se originó cuando el Indec cambió la fórmula de cálculo del crecimiento y, de esa manera, el entonces gobierno de Cristina Kirchner evitó pagar los intereses de bonos que ajustaban a partir de esa variable.
A diferencia de lo que sucede por la versión en dólares de estos títulos, que tramita en EE.UU., la causa por el cupón PBI en euros tiene sentencia firme en Londres desde junio de 2024 y la Argentina ya se quedó sin posibilidad de apelación. Por lo tanto, deben pagar un fallo que originalmente era de 1300 euros y que fue sumando intereses.
Dado que la Argentina no pagó más que los US$300 millones que se requerían para avanzar en la apelación, los beneficiarios del fallo están intentando cobrar la sentencia mediante embargos.
Por eso, presentaron un pedido a la justicia británica con el objetivo de avanzar en el discovery. Esto es, el proceso por el cual se junta información sobre activos que se podrían embargar.
Según un documento que publicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, en su cuenta de X, la corte londinense le ordenó a la Argentina que dentro de los próximos 7 días divulgue los siguientes datos:
- Una lista de las cuentas bancarias, cuentas de corretaje, cuentas fiduciarias, cuentas de custodia u otras cuentas en instituciones financieras extranjeras que la República mantiene en todo el mundo a partir del 8 de julio de 2024; y en Estados Unidos desde el 7 de febrero de 2025.
- Un listado de las deudas superiores a US$1.000.000 contraídas con la República por deudores extranjeros, a partir del 30 de septiembre de 2024.
- Contratos relacionados con concesiones de perforación offshore, concesiones energéticas y concesiones de exploración offshorecelebrados por la República y contrapartes extranjeras, o las filiales argentinas de contrapartes extranjeras, desde el 30 de septiembre de 2024.
En el último punto entrarían concesiones petroleras que se hicieron en el último año y medio, como también las recientes adjudicaciones de las represas del Comahue (aunque los fondos ingresados ya fueron usados por el Gobierno para, entre otras cosas, afrontar el pago de enero a los bonistas).
“Buscan embargar cualquier tipo de beneficio que tenga la Argentina por la falta de pago de este fallo en el Reino Unido”, explicó Maril.
el Gobierno ya venía presentando documentos e información de todo tipo en el proceso de discovey. Es más, hizo un acuerdo con los beneficiarios del fallo en Londres para compartirles la misma información que la Procuración ya está presentando en el proceso análogo que se lleva en EE.UU. por la expropiación de YPF. Sin embargo, los beneficiarios del fallo británico pidieron información adicional y en eso está trabajando el Gobierno.
Cupón PBI, un caso con dos frentes abiertos
Como había versiones en dólares y euros de cupón PBI, hay causas abiertas en Londres y Estados Unidos.
El reclamo es que la Argentina dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo de 3,3% que gatillaba el pago.
Los fondos demandantes creen que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022. En el Reino Unido, la justicia ya falló en contra del país. En cambio, en EE.UU. la causa sigue en trámite.