María Rosa Martínez y Pablo Carro presentaron una nueva iniciativa, en este caso, relacionada con el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial. Este pedido se suma al presentado por el bloque oficialista, y a otros preexistentes. TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.
Para la gremialista gráfica, “Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incumplieron sus funciones de control, fiscalización y nombramiento de la Obra Social del Poder Judicial” y manifestó que se trata de “una administración plagada de irregularidades y un serio deterioro del servicio de salud de los trabajadores”.
Para Carro y Martínez, “este incumplimiento sostenido durante años tuvo como consecuencia directa la existencia de una administración plagada de irregularidades, el deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la OSPJN” y “la afectación del derecho a la salud de todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afiliados a la misma”.
“Por esta razón, resulta indispensable que mediante el mecanismo de juicio político, el Congreso de la Nación lleve adelante el proceso de acusación a los ministros de la CSJN según las atribuciones que la Constitución Nacional le asigna”, completaron en los fundamentos de la iniciativa.
Este pedido de juicio político a los miembros de la Corte, se suma al presentado por el bloque oficialista, y a otros preexistentes que pesaban sobre Rosenkrantz y Lorenzetti, éste último a instancias de la Coalición Cívica.