Ley de Tierras y propiedad privada: el Senado aprobó la reforma con aval definitivo

La Cámara alta convirtió en ley este jueves la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tras recibir las modificaciones introducidas por Diputados que garantizan la continuidad de la Ley de Tierras y sus límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros. El proyecto obtuvo la sanción definitiva con un total de 42 votos afirmativos y 26 negativos, cerrando así un trayecto parlamentario marcado por distintas idas y vueltas en ambas cámaras.
El recorrido legislativo comenzó a registrar tropiezos a principios de agosto en el Senado, cuando el sector liderado por Patricia Bullrich debió quitar del texto los apartados referidos a la extranjerización rural y modificaciones en el Manejo del Fuego debido a la escasez de respaldos. Aquel debate estuvo atravesado por debates en torno a la soberanía que cobraron fuerza tras un episodio con la insignia de Malvinas protagonizado por el seleccionado nacional durante la Copa del Mundo.
Aquel clima de discusión potenció el fervor patriótico y los reclamos sobre el archipiélago, obstaculizando las intenciones oficialistas. Paralelamente, la Corte Suprema emitió un fallo que restituyó el artículo 154 del DNU 70/2023, anulando inicialmente la Ley de Tierras, aunque el tribunal superior emitió luego una medida cautelar interina que modificó los efectos de su propia decisión para encauzar el escenario judicial.
Para contrarrestar una embestida opositora que buscaba tumbar el DNU 70/2023 en el Congreso, el oficialismo modificó su táctica durante el paso por las comisiones de Diputados. De esta forma, sumó al texto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada apartados específicos para asegurar la continuidad de la normativa rural mediante la incorporación de los artículos 38 y 39, los cuales anulan el decreto previo y reestablecen la Ley 26.737 de protección del dominio nacional sobre superficies rurales.
En relación con sus puntos centrales, la flamante normativa exige mayores recaudos para llevar adelante expropiaciones, tales como una específica declaración de utilidad pública junto a un resarcimiento económico previo calculado sobre valores objetivos de plaza, contemplando además el lucro cesante. Dicho monto podrá englobar las ganancias no percibidas con un tope general del 30 por ciento por sobre el perjuicio directo, incorporando actualizaciones por inflación y tasas de interés ante retrasos.
Asimismo, el texto contempla la creación de un Registro de la Propiedad Inmueble junto con un procedimiento de desalojos rápidos, contemplando un período de resguardo por diez jornadas para habitantes en condiciones de vulnerabilidad. El esquema abarca a construcciones urbanas o aquellas catalogadas por autoridades locales para vivienda única y permanente, alcanzando bajo idénticos requisitos a productores familiares sobre los campos donde habitan y trabajan.
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