En Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial, mientras que en paralelo se analizan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

Un juez declaró inconstitucional el decreto que frenaba la ley de Financiamiento Universitario El crédito para comprar autos eléctricos se multiplicó por más de 40 veces en los últimos cuatro años El Ejecutivo impugnará el fallo judicial adverso sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

suscribirse ya estoy suscripto En Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial, mientras que en paralelo se analizan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

Informate más El BCU busca $ 61.900 millones en letras y suma deuda en pesos nominales a mediano plazo Cash colocó más de u$s 17 millones en su tercera salida al mercado de capitales Por el momento, si bien en la administración libertaria se está discutiendo cómo cumplir con los fondos que marca la ley, el plan apuesta a la apelación sistemática de las determinaciones judiciales.

Captura El fallo firmado por el juez Martín Cormick El fallo firmado por el juez Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionado su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

El magistrado hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). En concreto, cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.