El proyecto girado al Congreso concentra en territorio bonaerense el mayor número de proyectos del país, combinando fondos del Tesoro, fideicomisos y créditos del BID.

En el marco del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 remitido a la Cámara de Diputados de la Nación, Javier Milei definió el esquema de obra pública que ejecutará en las provincias bajo su premisa rectora de ajuste fiscal. Dentro de un universo sumamente restringido de apenas 67 obras plurianuales contempladas para todo el país, la provincia de Buenos Aires encabeza el listado general al concentrar 20 proyectos específicos, financiados mediante recursos directos del Tesoro Nacional, fideicomisos con afectación específica y préstamos de organismos multilaterales de crédito.

El desglose de partidas refleja una marcada concentración sectorial y geográfica: las mayores asignaciones presupuestarias en pesos están dirigidas a proyectos de infraestructura de transporte, seguridad penitenciaria y logística de Defensa. En este marco, la inversión más generosa para la región bonaerense corresponde a la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 5 en Mercedes, que demandará una inversión plurianual de $74.997 millones. En el mismo municipio se localiza el segundo desembolso más relevante: la edificación de la Unidad 36 del Complejo Federal de Condenados de Agote, presupuestada en $46.136 millones.

El tercer escalón de relevancia presupuestaria está atado a la agenda bélica con la rehabilitación de pistas y helipuertos en el Área Logística Palomar (distrito de Morón), vinculada al programa de despliegue y operatividad de los cazas supersónicos F-16, con una asignación de $10.579 millones. En ese mismo rubro naval y de defensa se inscribe la construcción de la compuerta flotante del Dique N° 1 de la Base Naval Puerto Belgrano en Coronel Rosales ($4.125 millones), la modernización de un helicóptero H-3 Sea King en la Base Aeronaval Comandante Espora y el reequipamiento con transportes anfibios y tecnología sanitaria para el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Fuerza Aérea en Moreno ($2.889 millones).

En materia ferroviaria y urbana, el presupuesto oficial exhibe una llamativa atomización técnica con la instalación de cercos de seguridad perimetral sobre el ramal Plaza Constitución-La Plata de la Línea General Roca, que quedó dividida en seis renglones administrativos independientes, uno de los cuales contará con fondeo directo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que también financiará plantas de agua potable y acueductos regionales.

Por su parte, el nodo sur de Bahía Blanca contará con la construcción de dos puentes viales por $4.110 millones cada uno: uno ubicado sobre la Ruta Nacional N° 35 a la altura del arroyo Chasicó y otro sobre el canal Maldonado en el trazado de la Ruta Nacional N° 3, a lo que se suma la puesta en valor de un pabellón para rehabilitación en el sistema asistencial de la ciudad. En el interior bonaerense se prevén además la ampliación del Juzgado Federal de Junín ($2.806 millones), adecuaciones edilicias en el Centro Atómico Constituyentes de San Martín ($1.981 millones) y un módulo de viviendas sustentables en Marcos Paz ($2.981 millones).

El dato saliente y de mayor calibre macroeconómico del anexo financiero provincial no está en moneda nacional, sino en los pedidos de autorización de deuda externa. En ese marco, el Presupuesto 2027 faculta al Poder Ejecutivo nacional a contraer dos créditos de magnitud histórica para equipamiento militar bonaerense. Por un lado, una partida de US$ 2.300 millones para la compra de tres submarinos convencionales que tendrán asiento en la Base Naval de Mar del Plata; por el otro, un endeudamiento por US$ 1.200 millones para la adquisición de dos fragatas de combate multimisión con base en Puerto Belgrano.

Según trascendió, desde La Plata recibieron la planilla nacional con profundo malestar. En el gabinete de Axel Kicillof denuncian que las 20 obras resultan “un maquillaje testimonial” frente al parate absoluto de más de 1.000 frentes de obra pública urbana, saneamiento cloacal, pavimentación escolar y vivienda que la Nación mantiene paralizados desde 2024 en los 135 municipios. En el equipo económico provincial advierten que el grueso de los montos responde a compromisos adquiridos con las Fuerzas Armadas y organismos internacionales, dejando a las intendencias huérfanas de inversiones troncales de infraestructura civil.